El Departamento del Trabajo de EU lanzó el jueves la convocatoria para un apoyo de hasta 10 millones de dólares (mdd) que se entregará a proyectos que monitoreen la implementación de la reforma laboral en Nuevo León, Baja California y Sonora.
“La oportunidad de fondeo busca mejorar el apego a las leyes laborales en México para así impulsar la prosperidad económica, apoyar un comercio más justo y balanceado y promover mejores condiciones laborales para los trabajadores mexicanos, esto bajo las provisiones del T-MEC”, explicó la dependencia estadounidense en un comunicado.
Los 10 millones serán entregados a un solo proyecto que durará 54 meses. Éste puede surgir de organizaciones sin fines de lucro, instituciones de educación superior -públicas o privadas- u organismos privados con fines de lucro. Estas organizaciones deben ser de origen estadounidense.
Este es el segundo apoyo lanzado este año por el Departamento del Trabajo de EU para proyectos relacionados con la ley laboral en México. En julio ofreció otros 10 millones a un proyecto que mejore los mecanismos de resolución de controversias laborales en el país.
No es raro que el gobierno estadounidense dedique dinero a proyectos que impacten mercados laborales fuera de sus fronteras. Ha ofrecido apoyos enfocados en países de América Latina, El Caribe y África.
Sin embargo, tiene un interés especial en México. El T-MEC compromete al gobierno mexicano al cumplimiento de ciertas disposiciones laborales, como garantizar elecciones sindicales libres y transparentes.
En 2020, el Departamento del Trabajo de EU dedicó cerca de 50 mdd en apoyos para proyectos enfocados en vigilar la implementación de la reforma. En junio, la vicepresidenta Kamala Harris se comprometió a garantizar 130 mdd para reforzar la aplicación de la reforma, los cuales se sumarían a los 180 mdd aprobados por el Congreso estadounidense para el mismo propósito.
Por si fuera poco, centrales obreras estadounidenses han solicitado al Congreso cerca de 140 mdd para operaciones sindicales transfronterizas y campañas de capacitación y concientización en México sobre derechos a la organización y libre asociación, todo esto bajo el argumento de un mejor cumplimiento del capítulo laboral del T-MEC.
