El estado debe asumir la atención de necesidades sociales derivadas del COVID-19 desde la perspectiva de los Derechos Humanos: Codhem

  • Los integrantes de la sociedad deben ser solidarios y sensibles consigo mismo y la colectividad, expresó el ombudsman Jorge Olvera García.
  • El Seminario “La repercusión del COVID-19, en los derechos humanos”, fue organizado por la Coordinación del Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Codhem.

Toluca, Estado de México.- Los sistemas políticos, económicos, culturales y religiosos y el Estado en general debe asumir la atención a las necesidades y problemáticas sociales derivadas de la pandemia por COVID-19 desde la perspectiva de los derechos humanos, al tiempo de que los integrantes de la sociedad deben ser solidarios y sensibles consigo mismo y la colectividad, expresó el ombudsperson mexiquense Jorge Olvera García.

Al participar en el Seminario “La repercusión del COVID-19, en los derechos humanos”, organizado por la Coordinación del Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), explicó que la pandemia ha evidenciado huecos, lagunas y brechas jurídicas; y el inminente colapso del Sistema de Salud mexicano y la afectación al Sistema económico.

La Codhem dijo, lleva a cabo diversas acciones sobre todo a favor de grupos en situación de vulnerabilidad, como la difusión de cápsulas informativas en redes sociales sobre el aislamiento social y los cuidados que se deben tener en casa; pronunciamientos a favor de varios sectores de la población y en torno a la Ley de Amnistía del Estado de México para despresurizar los centros penitenciarios ya que son escenarios de riesgo, además de reiterar la postura de la Comisión a favor de la interrupción legal del embarazo.

También emitió la Recomendación General 1/2020 sobre la Atención de la Pandemia por COVID-19 con Perspectiva de Derechos Humanos, dirigida a los Poderes Ejecutivo y Judicial, la Fiscalía General de Justicia y los 125 Ayuntamientos, para que privilegien a los grupos vulnerables como niños, niñas, mujeres, personas indígenas, migrantes y situación de calle, periodistas, entre otros, misma que ya fue aceptada por la Fiscalía y 24 ayuntamientos.

Por último, enfatizó que hoy más que nunca el sector académico y especialistas deben abonar al robustecimiento del núcleo de concientización, acompañamiento y solidaridad ante lo que se vive y se verá, porque el mundo ya no será el mismo.

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